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Baja California Sur contra la #MineríaTóxica

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En 2017 se cumplió una década exacta de la lucha de los sudcalifornianos contra la minería tóxica en las zonas de recarga de sus acuíferos.

En Baja California Sur existen muy pocas fuentes de agua y los proyectos mineros, planeados para la extracción de oro con el uso de millones de toneladas diarias de sustancias tóxicas, precisamente desean colocarse sobre las zonas de recarga de los acuíferos.

La principal, de la que depende la vida cotidiana de tres cuartas partes de la población en el estado, es la Sierra de la Laguna, el único bosque alto de pino-encino en la península al sur del paralelo treinta. Desde 1994 es área natural protegida por decreto federal.

¿Cómo es posible que otorguen concesiones mineras en zonas de recarga del acuífero y especialmente en un área natural protegida con la categoría de Reserva de la Biósfera? Bueno, con ese absurdo que han sufrido innumerables comunidades en México y Latinoamérica es con el que han tenido que enfrentarse los sudcalifornianos desde 2007.

Antes de 2007 ya habían enfrentado la privatización de playas, espacios públicos en ciudades y campos y, sobre todo, la típica mentira oficial de nuestro tiempo en sudcalifornia: que desde el sector público se va a hacer algo y se termina haciendo lo opuesto.

Durante los años 2001 a 2007 el enemigo social era la codicia de empresarios inmobiliarios, más bien especuladores de bienes raíces, y gobernantes y funcionarios sin escrúpulos, que lastimaron el tejido social diseñando planes de desarrollo urbano para beneficio de los grandes propietarios de predios y las constructoras de vivienda en detrimento de los habitantes actuales de las ciudades de La Paz y Los Cabos.

En esos años de gobiernos surgidos del PRD y el PT hubo tiempo suficiente entre la población para entender que el periodismo estaba controlado y que el discurso político dominante debe comprenderse al revés, no importa la denominación política del gobernante.

Proyectos enormes, que involucraron cambios a la vida cotidiana especialmente de los paceños, como campos de golf, megaplazas comerciales, centrales eléctricas, puentes vehiculares, espectaculares publicitarios y urbanizaciones para extranjeros en la costa, hicieron tangible la total falta de humanidad en los planeadores o tomadores de decisiones.

¿Cómo era posible que “gobiernos de izquierda” fueran precisamente los más depredadores de los bienes públicos de los sudcalifornianos? ¿Esto era el cambio prometido por el fin del partido único en el gobierno?

Hacia 2007 ya se habían ganado las primeras batallas sociales y jurídicas para conservar un área emblemática hoy para los paceños: balandra, y se avisoraba que los sudcalifornianos, tradicionalmente quietistas, comenzaba a dejar de ver con malos ojos el activismo social.

La llegada de las empresas mineras a Baja California Sur se dio en 2007 con el mismo guión que los “desarrollos turísticos”: venían a traer empleo.

Había una serie de contradicciones, sin embargo, nosotros nos quejábamos y nos seguimos quejando de que las urbanizaciones costeras sudcalifornianas (i.e. “los desarrollos turísticos”) basen su atractivo en la segregación del territorio a los locales, un abuso de la escasa  disposición de agua en una zona árida y una externalización de los efectos ambientales.

Pero la minería de tajo abierto es aún peor. También utiliza enormes cantidades de agua, pero además explosivos y sustancias tóxicas, y se sostiene en una paradoja: ¿Cómo es posible que sea una actividad redituable la obtención de un gramo de oro por tonelada de roca procesada?

La minería aurífera moderna, cuando ya casi no existen yacimientos de oro puro, es una actividad económica que deforesta, destruye el suelo, libera arsénico al aire y tiene un largo historial de accidentes que terminan contaminando los mantos freáticos, esto es, los acuíferos.

Son tantas las ocasiones en que las empresas mineras han recurrido al despojo de las poblaciones habitantes del suelo a ser “explotado” y tantas las veces que se han apoyado en el hostigamiento violento, el crimen y el asesinato para llevar a cabo sus fines que sólo puede considerarse que la minería tóxica es la expoliación hecha sistema.

¿Cómo permitirle la entrada a Baja California Sur?

Los paceños recibieron los casinos en ese tiempo con escepticismo, pero los recibieron. La retórica gubernamental decía que, dada la “vocación turística” de Baja California Sur, los casinos serían un atractivo útil para generar empleos y “derrama” de divisas. Pero los casinos no se establecieron al interior de los “desarrollos turísticos” sino en los centros comerciales de los habitantes locales.

Junto a los casinos se instalaron casas de empeño y, muy poco tiempo después, aumentó en una proporción nunca vista los robos a casa habitación, a automóviles y patios. El consumo de “cristal” o “chuky” se disparó al alza y el estado alcanzó los primeros lugares nacionales por suicidio.

¿Acaso no estábamos listos en 2007 para recibir la mejor de todas las actividades económicas del mundo, la más antigua, la que contaba con mayores raíces en Sudcalifornia, la que más necesitaban nuestros pueblos casi fantasmas, pero otrora prósperos por la minería?

Una decena de concesiones mineras se habían delimitado ya en todo el territorio sudcaliforniano, pero organizados como son, parece que las lideraba (y lidera) la más grande, de capital canadiense en ese entonces (aunque con todas sus acciones en Nueva York), llamada Paredones Amarillos. El “proyecto” se llamaba así por el nombre del sitio a explotar, antaño fuente de pepitas de oro puro, en las faldas de la Sierra de la Laguna, como hemos dicho, la principal fuente de agua de los habitantes de Baja California Sur.

Paredones Amarillos, como buen ‘bróker’ no se requería la paciencia de las inmobiliarias especuladoras del suelo, para colocar a sus agentes en los puestos de gobierno, ayudándolos a escalar los peldaños de la función pública, de uno en uno, o a saltos. La cantidad de recursos a su disposición le permitía simplemente comprarlos.

Así contrató a quien fuera el delegado de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente para que le resolviera la parte jurídica ambiental y reclutó al más exitoso de los reporteros diaristas de entonces para dirigir la campaña mediática. Así comenzó a cumplir su promesa de generación de empleos: ya llevaba dos.

Con el panorama que estos “agentes locales” le dieron, suponemos, compró de una sola vez todos los medios de comunicación dominantes, impresos y electrónicos, a todos los reporteros de la fuente de política y mostró una abultada cartera para financiar “proyectos políticos”, asociaciones civiles y organizaciones de “trabajadores de la minería”.

Si alguien revisa los periódicos y revistas de esos años, así como grabaciones de noticiarios de radio y televisión local percibirá que siempre daban una nota favorable sobre la “actividad minera” y muy pocas veces nombraban a los opositores: sólo como “agentes de intereses” oscuros, retrógradas o ignorantes.

Se sorprenderá mucho, quien haga el seguimiento de esta historia por los medios dominantes, pues todo en ellos indica que un proyecto como Paredones Amarillos había de “cumplir” con todos los procedimientos legales y comenzar sus actividades inexorablemente, como ha sucedido en todos los estados del país con los proyectos de megaminería.

En Baja California Sur, sin embargo, los paceños, quizá por primera vez sin que los haya convocado un partido político, salieron a la calle ese 2007, en marchas y festivales, cientos de jóvenes divulgaron de boca en boca y mediante volantes impresos una verdad muy sencilla: sólo existe la minería tóxica, ninguna minería está libre de efectos adversos sobre la salud humana o el medio ambiente. El agua vale más que el oro.

A la par, organizaciones de la sociedad civil locales colocaban recursos legales en el ayuntamiento o el gobierno del estado para que la prohibieran, evitaran darle los permisos de cambio de uso de suelo o, de plano, le negaran acceso al uso del agua, principal recurso, junto con el territorio, para este tipo de minería.

Resultó tan sorpresiva esta respuesta activa de los paceños al proyecto minero que la empresa cambió su estrategia a la par que su nombre. De Paredones Amarillos ahora se llamaría:

“Concordia” con este nombre salió a pedir una revisión crítica del proyecto y que se le señalaran los cambios necesarios para cumplir “las normas”. Concordia creó una asociación civil “filantrópica” para “apoyar” el desarrollo de las comunidades cercanas a la futura mina.

Nosotros podemos decir que parecía que también estaba buscando los líderes que habían generado la movilización o, cuando menos, el grupo que coordinaba una respuesta tan unívoca entre sectores tan dispersos como trabajadores, empresarios o estudiantes. Detrás de la “Concordia” se estaba generando una típica estrategia de intervención social.

Vimos entonces historietas anónimas de muy cara manufactura con historias para demonizar a los activistas contra la minería tóxica. Vimos un viaje de decenas de “los más influyentes” reporteros y periodistas paceños, todos los gastos pagados, hacia otra mina del consorcio en la sierra de Sonora para mostrar la inocuidad del proyecto minero. Vimos estudios académicos de centros de investigación estatales hechos a modo para justificar la minería aurífera a cielo abierto sobre un acuífero en la zona de amortiguamiento de un área natural protegida federal.

“Concordia” no funcionó. Los “empresarios” canadienses vendieron sus acciones al Grupo México, el más influente consorcio minero en el país pues lo integran televisoras nacionales, periódicos, bancos, casinos, y son sus empleados ciertos jueces, secretarios de estado, senadores y diputados.

El Grupo México cambió el nombre al “proyecto”. Ahora se llama “Los Cardones”. Manchó de inició esta nueva etapa la ominosa compra de la mayoría de los regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz que intentaron simular una sesión de cabildo en un domicilio particular para aprobar el cambio de uso de suelo a la minera.

Fallaron también. Por la presión social y la indignación ciudadana.

Todos, juntos, por distintos medios, muy públicos, como pequeños espacios en medios de comunicación masivos, en mítines o reuniones oficiales, comunicamos también, pero a la clase política y gobernante, una resolución sencilla: todo político o servidor público que esté a favor de la minería tóxica está a favor de la contaminación de las fuentes de agua de los sudcalifornianos y, por lo tanto, no merece ser representante social en Sudcalifornia.

Tan fuerte llegó a ser esta resolución pública que todavía hoy la minería tóxica es un tema tabú entre la clase política y muchos medios de comunicación que no se atreven a tratar el tema, ni a favor ni en contra.

(Podemos recordar, por ejemplo, que Marcos Covarrubias Villaseñor y sus contendientes a la gubernatura de Baja California Sur en las elecciones de 2011 tuvieron que comprometerse mediante documentos públicos a no favorecer proyectos mineros en las zonas de recarga de los acuíferos. También Carlos Mendoza Davis, poco después de tomar posesión del cargo de gobernador en septiembre de 2015, pronunció “un rotundo no a la minería tóxica”, en la ceremonia de instalación del XV Ayuntamiento de La Paz.)

La minería es una actividad que la Constitución federal hace de regulación exclusiva por parte de la federación. Pero los ordenamientos territoriales son estatales y municipales. Lo mismo la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Por ello resulta claro que tanto los gobernadores (pese a sus discursos), los presidentes municipales y regidores correspondientes, así como especialmente los legisladores sudcalifornianos han sido omisos en generar la protección jurídica a los acuíferos del estado.

Instrumentos como el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de La Paz, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz, el Atlas de Riesgo del Municipio de La Paz y muchos otros que ya se han estudiado, redactado, pero no formalizado por cobardía por parte de los actores políticos, ya pudieran estar protegiendo de manera permanente las fuentes de agua, literales fuentes de vida, de los habitantes de Baja California Sur.

Mientras tanto, vale que lo sepan las empresas mineras, nacionales y transnacionales (es algo que ya saben nuestros propios políticos): la población de La Paz y de Baja California Sur seguirá educando a sus generaciones más jóvenes en el conocimiento de la naturaleza y el patrimonio común a todos quienes viven en esta media península. Distinguimos bien entre el discurso y los hechos. Los únicos empleos que queremos y necesitamos son los que mantienen libres de contaminantes los ecosistemas que nos dan agua y alimento.

Celebramos una década de lucha contra la minería tóxica. Comenzamos una segunda. Los sudcalifornianos no se cansan. Más bien, como dice el Cid Campeador en su canto inaugural de la lengua española: “Por necesidad batallo. // Más ya sobre la silla, // se va ensanchando Castilla // al paso de mi caballo”.

Sandino Gámez

 

*Politify