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Ciudadanos organizando el transporte público en La Paz

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Sandino Gámez

En La Paz, capital del estado de Baja California Sur, el transporte público urbano tiene un precio por viaje de diez pesos. Si consideramos que los usuarios realizan viajes con menos de diez kilómetros y que la gran mayoría de las unidades tienen quince o veinte años de antigüedad, estamos hablando de uno de los servicios más caros del país.

En el año 2013, precisamente cuando se autorizó el aumento a diez pesos, las autoridades municipales y los concesionarios del transporte urbano llegaron a un acuerdo: a cambio del aumento el gobierno daría créditos para los transportistas pudieran renovar sus vehículos y estos “mejorarían” el servicio.

 

Como había sucedido ya en administraciones municipales anteriores, no ocurrió nada de lo acordado, sólo el aumento en la tarifa. Había una suerte de tradición en la que los líderes de los concesionarios presionaban mediante paros al servicio y automáticamente el cabildo correspondiente autorizaba la elevación del precio del pasaje sin ningún compromiso por parte de aquellos.

Los concesionarios por lo común no manejan las unidades de servicio público de pasajeros, sino que las subarriendan a quienes habría que considerar los ‘trabajadores del volante’. Si alguien pone atención al estado del servicio de transporte público en La Paz, podrá ver que esta no-relación laboral entre los que hay que llamar ‘patrones’ y los trabajadores del volante: el ansia de ganancias en unos se vuelve la angustia de otros.

Al final somos los usuarios los que pagamos esto que sucede: un servicio caro y malo, unidades sin mantenimiento y choferes estresados, sin prestaciones, en competencia permanente con sus compañeros de ruta.

Luego del compromiso incumplido de 2013, en enero de este año 2017 el presidente del XV Ayuntamiento de La Paz Armando Martínez Vega avisó que los concesionarios solicitaban un aumento en la tarifa. Desde otras instancias se filtró la especie de que buscaban que se duplicara a 20 pesos el viaje, otros decían que a 16 pesos.

 

 

El guión era similar al de anteriores ayuntamientos: se avisaba de la solicitud de los concesionarios (justificados con el aumento a los combustibles y refacciones, la inflación, etc.), estos realizaban una suspensión del servicio durante un día (afectando a casi cien mil personas) y el cabildo, en reunión de emergencia, aprobaba el aumento.

La diferencia estuvo esta vez en el lado de los usuarios. Especialmente asociaciones de vecinos que se habían organizado para recuperar los parques de sus colonias o fraccionamientos, rematados por cada administración municipal para pagar deudas de gasto corriente.

De esas asociaciones civiles, particularmente los jóvenes estudiantes de universidad o posgrado, prestaron mucha atención a las palabras del alcalde Martínez y, en su turno de hablar, pidieron al Ayuntamiento de La Paz que cumpliera con el reglamento respectivo para el aumento de las tarifas: pidieron el estudio técnico justificativo. Mientras tanto, sería ilegal aumentar la tarifa, ellos se encargarían de promover, por ejemplo un amparo o una destitución.

El alcalde, regidores de su mismo partido, el PAN, y otros actores políticos balbucearon que todo se había encarecido y que había que satisfacer de alguna manera la “justa” demanda de los prestadores del servicio público de transporte urbano de La Paz.

Durante seis meses balbucearon y los ciudadanos, cada vez más organizados, exigieron con mayor presión y regularidad el cumplimiento de la norma: ¿dónde está el estudio técnico justificativo del aumento?

No existía. Parece que nunca se había solicitado uno previamente (o había sido consumido en algún incendio de los archivos).

Para el mes de junio el gremio de los camioneros estaba dividido. Una parte realizó un paro del servicio y quiso presionar físicamente a los regidores para destrabar la cuestión.

No se habían dado cuenta que para junio los ciudadanos organizados ya llevaban meses revisando la labor del alcalde, cada regidor y el mismo cabildo.

Cuando sucedió el paro parcial volvieron a pedir a la autoridad municipal que cumpliera la norma: un estudio técnico justificativo.

El cabildo aprobó su realización y votó una cantidad de recursos para hacerlo, pero se le encargó extrañamente a una empresa de mantenimiento de extintores contra incendio. La sospecha de los ciudadanos organizados hizo que no se separaran en ningún momento del proceso del estudio.

Así aprendieron más: que si bien parece que la gran mayoría de los habitantes de La Paz andan en automóvil propio, es una apariencia: la mitad lo hace en transporte público. La parte con menores ingresos, por supuesto.

En ese trayecto descubrieron también el verdadero costo de un viaje de camión o pesero en La Paz: seis pesos.

A partir de ahí no fueron los transportistas sino los ciudadanos organizados quienes presionaron mes a mes para que se publicara el resultado del estudio y que el cabildo de La Paz determinara improcedente el aumento.

El 9 de octubre lo consiguieron. El cabildo desechó la “actualización” de la tarifa. Un cálculo conservador afirmaba que, desde enero, cuando pudo haberse aumentado el precio del viaje si no hubiera sido por esta presión social, hasta septiembre, estos ciudadanos organizados habían ahorrado a los usuarios de transporte público casi noventa millones de pesos.

Ese mismo día de la negativa los concesionarios acudieron en tropel hacia el Congreso del Estado y hacia el Palacio de Gobierno a presionar a los diputados y a la Dirección estatal de Transporte. La líder de uno de los grupos del gremio expresó que el ayuntamiento paceño había actuado así porque “se acercan las elecciones”.

Pero en realidad fue un triunfo de la legalidad, la razón y la justicia. Parece pequeño pero debe celebrarse, pues ha marcado una inflexión profunda en la relación de organizaciones civiles, especialmente de vecinos y jóvenes, con las autoridades municipales.

Ahora bien, de inmediato, los voceros de estos ciudadanos organizados nos han recordado que al desechar la solicitud de aumento, justificándola en el estudio, el XV Ayuntamiento de La Paz realizó lo que le correspondía como autoridad, pero no ha resuelto ningún problema.

Las unidades de transporte público siguen igual de incómodas para los usuarios regulares y totalmente inaccesibles para quienes tienen alguna discapacidad física. Sigue siendo uno de los servicios más caros del país, contaminante en gases tóxicos y ruido, y sigue desarticulado de las necesidades reales de los usuarios. Los choferes están más preocupados que antes por la precariedad en que laboran. Los concesionarios siguen siendo anónimos y en ocasiones irresponsables. ¿Qué decir de la autoridad estatal, quien otorga las concesiones, y la municipal que organiza el servicio?

Pero he aquí mejor cómo lo resumen estos los nuevos actores, políticos nuevos en el sentido puro de la palabra, sin otro partido que el interés público de los habitantes de La Paz:

“No hemos ganado nada, esto nunca fue una competencia, ni entre ciudadanos ni entre concesionarios. Al contrario, queremos los ciudadanos y las agrupaciones que pugnamos por el análisis del estado del transporte público trabajar en conjunto con autoridades y concesionarios para llegar al sistema integrado del transporte, y queremos recalcar que el sistema integrado de transporte debe incluir a todos los concesionarios y conductores del transporte concesionado, miles de familias paceñas dependen de ello.”

¿No hemos ganado nada?

sandinogamez@gmail.com

*Politify